Particulares y empresarios de Vigo y Mos se han reunido en la Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes con el fin de luchar contra la inseguridad jurídica que se ha originado en torno a algunas propiedades y su pertenencia histórica al monte, tal y como reclaman en los juzgados algunas directivas de comunidades de montes gallegas. Muchos de los integrantes de la plataforma llevan al menos tres años luchando en los tribunales para evitar que las comunidades de montes se apropien de sus casas o del terreno que ocupan sus empresas. En Cabral, por el momento, han sido demandados seis particulares, cuatro empresas de O Gorxal y un polígono entero, el de Becerreira. En Tameiga (Mos), el monte ya se ha anexionado un polígono (Monte Faquiña) y han empezado a presionar a particulares a través del catastro.
En total son 300 los integrantes de esta plataforma que nace con la intención de crecer en este 2023 y sumar nuevos afectados de otras zonas de Galicia. Entre sus objetivos más inmediatos también está reclamar al gobierno gallego que se comprometa a buscar una solución para los vecinos que, en la actualidad, se encuentran completamente solos ante una ley de montes, de 2012, en la que los comuneros siempre están por encima de cualquier otro legítimo derecho. La plataforma pretende promover un cambio legislativo en Galicia que acabe con la inseguridad jurídica actual y facilitar el acceso de los afectados a gabinetes jurídicos especializados. Asimismo, se encargará de organizar y dar voz a estas reivindicaciones para conseguir resolver un conflicto que se alarga demasiado y que está llevando a la ruina a empresas y particulares. De hecho, mientras las directivas de los comuneros cargan los costes de sus servicios jurídicos a la propia comunidad, los particulares deben ser ellos quienes hagan frente solos a las minutas derivadas de su defensa en los tribunales.
El argumento de los comuneros para hacerse con estas parcelas y expulsar de ellas a sus actuales y legítimos propietarios es siempre el mismo: que la propiedad del monte les pertenece desde tiempo inmemorial y que este hecho queda plasmado en levantamientos administrativos de la última década del siglo XIX. El plano en el que se basan es una fotocopia compulsada de un original que no se ha podido acreditar que exista.
La plataforma está presidida por la empresaria Beatriz Ucha -vecina de Vigo y expulsada de la Comunidad de Montes de Santa Marina de Cabral, pese a que un juzgado ha ordenado lo contrario-. Ucha es, además, administradora de Exclusivas Cotogrande, una de las empresas demandadas del Polígono de Becerreira.
Competencias
Las comunidades de montes en mano común son una figura jurídica que debe preservar y cuidar la explotación del monte. No obstante, desde que se inició la ofensiva sobre empresas y polígonos enteros, se han convertido en gestoras de parques empresariales y en arrendadoras de
parcelas que no están orientadas a la explotación forestal o simplemente como usurpadoras de predios de sus propios vecinos. De hecho, otro de los objetivos de la plataforma es promover un mayor control público sobre el funcionamiento interno y financiero de las comunidades de montes en mano común.
Según Beatriz Ucha, “somos, por ahora 300 los que integramos la plataforma, pero la idea es que este movimiento se extienda por toda Galicia porque todo hace sospechar que esto tendrá un efecto llamada y habrá otras comunidades de montes que empiecen con la misma guerra”. “La idea -prosigue Ucha- es ayudar a la gente y servirles de altavoz. He sido testigo de situaciones personales desesperadas ante una injusticia incomprensible que nadie entiende fuera de la comunidad gallega. Hemos nacido para ayudarnos y para dar apoyo a todos los que se encuentren en esta situación.”.
La plataforma tiene su propia página web y un mail de contacto para atender e nuevos afectados: info@afectadoscomunidadesmontes.org.