La Comunidad de Montes de Tameiga ha reiterado a la compañía Redphone Galicia su intención de no prolongar el contrato de derecho de superficie sobre la finca que ocupa en el polígono de Monte Faquiña (Mos), a pesar de la sentencia dictada en febrero por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de O Porriño que declaró prorrogadas tácitamente las concesiones firmadas años atrás por esta y otras cuatro empresas.
El presidente de los comuneros, César Lago, utilizó un burofax como vía para señalar a Redphone que su actual contrato vencerá el próximo 12 de diciembre y que ellos no quieren prorrogarlo. La empresa, por su parte, se limitó a recordar a la CC MM la referida sentencia, que le da derecho a continuar operando en la finca en las mismas condiciones hasta el 12 de diciembre del año 2072, es decir, durante 50 años más.
De hecho, la resolución había ampliado la duración de los contratos durante 25 años a contar desde la fecha en que hubieran alcanzado los primeros 50 de ocupación, es decir, asumiendo al completo los términos de la demanda que habían interpuesto los empresarios.
De esta forma, además de Redphone Galicia, Telenet Central Logística podrá permanecer en Monte Faquiña en las condiciones actuales hasta 2077, Distribuciones Alonso Otero hasta 2053, Blanco Quintás hasta 2069 y Autocares García hasta 2046.
La sentencia entendía que en este caso se había vulnerado el “principio de confianza legítima”, para lo que considera especialmente claro el testimonio prestado en el juicio por la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, que había afirmado que los terrenos fueron arrendados para su explotación industrial y que fue reiteradamente manifestada “la voluntad política de prorrogar los contratos siempre que se mantuviera el empleo local y las instalaciones a fin de compensar las inversiones que realizaran los empresarios”.
Este conflicto se suscitó a raíz de que los tribunales otorgaran la propiedad del suelo que ocupan las empresas a las comunidades de montes. Los comuneros de Tameiga decidieron no respetar las condiciones de los contratos fijados en su día por el Concello de Mos con las firmas empresariales, que habían afrontado millonarias inversiones para poner en marcha sus actividades bajo la premisa de contar con un canon determinado y una duración de la concesión suficiente para garantizar la amortización del negocio. Muchas de ellas se encontraron con que sus concesiones caducaban, sin que fueran a respetarse siquiera los acuerdos tácitos y verbales alcanzados con el Concello para prorrogarlas, y que la entidad comunal pretendía imponer un canon totalmente desorbitado e inasumible, con incrementos por encima del 1200%.
La sentencia confirmó que las garantías “precisas, incondicionales y concordantes” recibidas de la Administración municipal habían suscitado en los cinco industriales una esperanza legítima de que podían acometer nuevas inversiones con margen temporal suficiente para la viabilidad del negocio. Ahora la Comunidad de Montes de Tameiga parece querer obviar por completo aquel fallo y ha decidido mantener su línea de presión sobre los empresarios de Monte Faquiña.